El gobierno oficializó la conformación de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial a través de la Resolución Suprema N.º 271-2026-PCM, suscrita por la mandataria Keiko Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. La medida formaliza la llegada de figuras clave del entorno histórico de Fuerza Popular como consejeros ad honórem, entre ellos los ex secretarios generales Jaime Yoshiyama Tanaka y José Chlimper Ackerman.
El grupo asesor lo completan el abogado Arsenio Oré Guardia, la exrectora Josefina Takahashi Sato y Milagros Álvarez Calderón Larco. Según el marco legal establecido, este equipo desempeñará un rol estrictamente honorario y de confianza; sus miembros no tendrán facultades ejecutivas, normativas ni administrativas, no manejarán partidas presupuestales y deberán presentar declaraciones juradas de intereses para evitar incompatibilidades o conflictos con sus actividades privadas.
El contexto y las lecturas de la medida
La designación de este círculo de confianza se da en un momento de ajustes internos dentro del gabinete, tras llamados de atención y desencuentros públicos protagonizados por algunos ministros. El retorno formal de Yoshiyama y Chlimper —quienes no tuvieron roles operativos visibles durante la campaña de 2021— refleja la intención de la jefa de Estado de respaldarse en perfiles con experiencia política previa y lealtad comprobada para el análisis de decisiones estratégicas.
Analistas políticos señalan que este movimiento busca ordenar la toma de decisiones en el Despacho Presidencial frente a las tensiones surgidas con figuras ministeriales externas, cerrando filas con cuadros experimentados del fujimorismo histórico. Sin embargo, la medida también genera cuestionamientos en sectores opositores debido a los pasados procesos judiciales en los que se vieron involucrados varios de los designados, reavivando el debate sobre el peso y la influencia de la vieja guardia partidaria en la conducción del actual gobierno.
